Transparencia, comunicación institucional e información pública en Ecuador: análisis de las prefecturas de Pichincha, Guayas e Imbabura

El artículo 204 de la Constitución de la República del Ecuador establece la transparencia de la información pública como un imperativo para el correcto desarrollo del ejercicio del derecho ciudadano de acceso a fuentes de información. En este sentido, su carácter inclusivo (afecta a todas las instituciones), expansivo (sujeción de todo el cuerpo funcionarial) y no reservado (a excepción de aquellas temáticas que tengan que ver con la seguridad nacional) promueve una cantidad ingente de información que debe ser gestionada de manera ordenada y sistemática para que sea comprensible por la ciudadanía y que esta puede ejercer la fiscalización. La normativa internacional en este aspecto, además de lo legal, también establece preceptos éticos para abordar los distintos niveles de información. Organizaciones como Transparencia Internacional o el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona, están desarrollando en los últimos años auditorías a través de la aplicación de cuestionarios para medir el grado de cumplimiento de la información pública. En este sentido partimos de que la comunicación institucional, entendida como aquella que se emite desde organizaciones públicas oficiales, para ser eficaz, debe ser transparente. A nivel metodológico, se ha realizado una ficha de análisis de carácter mixto que pretende enmarcar el problema de investigación (la escasez de información pública legal y éticamente exigible), abordando en su totalidad la legislación que afecta a las prefecturas, sujeto institucional provincial, como son la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2010) o la Ley Orgánica de Transparencia o de Acceso a la Información Pública (2004). A nivel experimental, se ha aplicado esta ficha de análisis con sus correspondientes indicadores a las páginas web de las prefecturas de Pichincha, Guayas e Imbabura, con la conclusión general de que aún no se cumple lo que las propias leyes explicitan, ni existe la voluntad política de llevarlo a cabo.